Por los Editores de VenEconomía

Cada día surgen nuevos elementos del marcado sesgo pro gobierno que priva en el Consejo Nacional Electoral (CNE) compuesto por cuatro, de sus cinco, directivos con un corazón rojo y estrellado.

Ya no es sólo que el tiempo que el CNE autorizó para la publicidad electoral a cada candidato a la Presidencia se reduce a tres minutos diarios en la televisión nacional y por cable, a cuatro minutos en la radio y hasta media página diaria en la prensa escrita tipo estándar y página entera en los tipo tabloides.

Ni se trata de que el ente comicial le deje las riendas sueltas al candidato-presidente para que use las cadenas de radio y televisión para agredir al adversario de la unidad democrática, además de utilizarlas de mampara para vender los “logros” ficticios de la revolución (lo que se suma a los espacios obligatorios que por ley deben darle al Ejecutivo Nacional para promocionar la obra del Gobierno).

Menos aún se trata de que el CNE haga oídos sordos a las denuncias que se han introducido en los órganos competentes por las violaciones del equipo de campaña del candidato-Presidente a las normas electorales que firmaron voluntariamente en el CNE.

Ahora a estas evidentes parcialidades del CNE, se le suma el que el ente, sentó un grave precedente, al autodesignarse la potestad de cercenar el derecho de opinión a los venezolanos que no hacen loas a la revolución.

Abusando de sus atribuciones de moderadores de la campaña electoral, el cuarteto de directoras chavistas del CNE ordenó el retiro de tres piezas audiovisuales que la ONG Ciudadanía Activa pautó en el canal de TV Globovisión, supuestamente por violar los artículos 211 y 204 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

El “pecado” de las piezas de Ciudadanía Activa es que explicaba a los ciudadanos que la Constitución establece en el artículo 145 que los funcionarios pertenecen al Estado, y no están al servicio de una parcialidad política, y en el artículo 68 que todo funcionario público que “viole la ley para perjudicar o beneficiar a un candidato, debe ser sancionado con una pena de tres años”.

¿Será que Ciudadanía Activa puso el dedo en la herida cuando les recordó a las directoras su extrema “flexibilidad” cuando obvian las innumerables denuncias sobre el uso y abuso de los bienes y recursos del erario público para hacer proselitismo político a favor del candidato Chávez y sobre la participación descarada de funcionarios públicos y efectivos militares en la campaña electoral, que se declaran abiertamente chavistas y revolucionarios?

El CNE además ordenó a los medios de comunicación “no publicar mensajes contratados por Justicia y Democracia”, afín al Movimiento Primero Justicia, que apoya al candidato Henrique Capriles. Aducen las directoras que no permitirán “la participación de terceros en la campaña”.

Se les olvida a las señoras directoras del CNE, que la elección del Presidente de Venezuela no es cosa de uno solo, sino de todos los venezolanos, quienes el 7-O, con o sin abusos de su parte, votarán mayoritariamente por un cambio de rumbo hacia el progreso.

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