Por los Editores de VenEconomía

Esta semana Rusoro Mining Ltd, una empresa de capital ruso domiciliada en Canadá, introdujo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una demanda contra Venezuela, por cuanto está cansada de esperar una solución amistosa con el Gobierno venezolano, que la compense de las pérdidas que le acarreó la nacionalización del sector aurífero.

De allí, como confiesa el presidente de la minera, el arbitraje en el CIADI “se convirtió en el único recurso de la empresa”.

Ésta es una demanda internacional más que afecta al Estado venezolano, sobre el que ya pesaban más de 20 procesos arbitrales en ese tribunal con sede en Washington, los cuales en total llegarían a sumar en reclamo unos $45 millardos. Todos estos procesos arbitrales seguirán vigentes hasta su resolución, aún después de que Venezuela deje de pertenecer al CIADI oficialmente este 24 de julio.

Con esta decisión de Rusoro, se termina de finiquitar una relación cercana que venía gestándose entre el Gobierno de Hugo Chávez y la minera, la cual ya cosechaba para sí más de 10 proyectos auríferos de desarrollo y exploración en El Callao, estado Bolívar, y el derecho de explotar unas seis minas, entre ellas, La Increíble, Choco 4 y Choco 10, La Camorra, La Isidora y Las Cristinas.

Cabe recordar dos antecedentes peculiares de Rusoro:

1. Que La Isidora, operada anteriormente por la estadounidense Hecla Mining¸ habría llegado a sus manos tras una operación donde se dice que el Gobierno de Hugo Chávez supuestamente ejerció presión a favor de la rusa.



2. Que Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes del mundo, pasa a manos de Rusoro cuando el Gobierno de Chávez da unilateralmente por terminado el contrato con Crystallex y forma una empresa mixta rusa-venezolana, con capital accionario mayoritario del Estado venezolano. Cabe acotar también que por la larga saga de arbitrariedades e ilegalidades cometidas en Las Cristinas por diferentes gobiernos, las canadienses Vanessa Ventures y Crystallex cursan demandas contra la Nación, separadamente y por diferentes razones.

Para seguir con la cadena, ahora Rusoro, tras la promulgación en 2011 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Exploración y Explotación del Oro, ha sufrido en carne propia una realidad: que la revolución sólo defiende sus objetivos políticos, sin medir a quién afecta o se lleva por delante.

Con la nacionalización del sector aurífero en Venezuela, la minera no sólo vio cómo le cambiaron de un solo golpe las reglas de juego, sino que perdió el control de sus inversiones y vio caer sus ganancias 25,3%, a $107,3 millones, desde 2009 a 2011, a pesar de los altos precios del oro, gracias a las políticas confiscatorias de su antiguo aliado Chávez.

Ahora Rusoro, ante la imposibilidad de negociar una resolución equitativa con el gobierno de Chávez y al igual que lo hicieron ExxonMobil, ConocoPhilips y otras decenas de empresas afectadas por contratos incumplidos y violaciones de sus derechos de propiedad, se ha visto obligado de buscar una solución ante un tribunal superior, que es el CIADI.

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