Por los Editores de VenEconomía

Entre los mil y un problemas en los que ha metido la revolución chavista a PDVSA, está la debacle de la red de refinerías y la venta de gasolina a precios por debajo del costo de producción.

Su precio al detal es de Bs.0,097 por litro (=$3,86/barril al cambio de Bs.4,30:$), muy por debajo del precio de la gasolina en cualquier país del globo, y mucho menos que un litro de agua o de una gaseosa. Peor aún, es que, según vox populi, PDVSA no le cobra a las mayoristas por el suministro del combustible.

Dada esta política, a nadie sorprende que el contrabando de gasolina con el correr de los años se haya convertido en un tremendo negocio para muchos de quienes radican en las zonas fronterizas. Hasta hace poco tiempo era especialmente lucrativo para pequeños operadores (conocidos como “pimpineros”) en desmedro de los ingresos del fisco nacional y abonando a la corrupción de funcionarios públicos y cuerpos de seguridad fronterizos. Sin embargo, ahora a estos pimpineros, se les han sumado los gandoleros, que al manejar volúmenes más grandes de combustible dejan substanciales ganancias, e involucra a mafias organizadas con la presunta colaboración o participación de efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército. Tal como es el caso de las armas y municiones que ingresan a los penales del país, para contrabandear gasolina en gandolas se supone se requeriría de una complicidad necesaria de los efectivos militares para convertirlas en fantasmas que nadie ve, ni nadie encuentra.

Esta irregular situación, en vez de ser corregida desde el fondo del problema por el Ejecutivo Nacional, está siendo “prevenida” con una política de racionamiento a los particulares.

Primero, hace varios meses impuso un chip a cuanto vehículo existe en el Táchira, que limita el suministro de gasolina a éstos, una medida que equivale a poner una curita a una herida profunda que afecta nervios, músculos y órganos internos. En definitiva, son los ciudadanos inocentes que no tienen arte ni parte en el problema, quienes pagan los platos rotos por las mafias corruptas, supuestamente vinculadas con entes del Gobierno. Los precios a pagar, por ahora, son largas colas, escasez de combustible, y otras secuelas secundarias a la población.

Obviamente, el chip racionador no ha parado el contrabando de gasolina en el Táchira, como tampoco lo va a detener en el Zulia, estado donde se comenzó a imponer desde la semana pasada.

Algunos analistas alertan sobre la imposición puesta en marcha de un nuevo plan del castrocomunismo, por ahora piloto en dos estados, con el objeto de tomar el control de la población, sumir a los ciudadanos en la desesperanza e impotencia, mientras desarrollan las tarjetas de racionamiento no solo para la gasolina, sino para otros bienes básicos.

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