Por los Editores de VenEconomía

Hoy la comunidad de naciones vuelve su atención a Paraguay.

Un pequeño (tiene unos siete millones de habitantes), pero gran país, que sobrevivió 35 años de una cruenta dictadura (1954-1989) así como variados conflictos políticos. Las razones para que la lupa esté puesta sobre Paraguay es la destitución del presidente Fernando Lugo, tras una concertación de casi la totalidad de las fuerzas políticas del Congreso Bicameral de la República, ajustada al artículo 225 de la Constitución Nacional, que contempla el sometimiento de todos los representantes de los poderes públicos a juicio político por “mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”.

Para 77 (de 80) diputados, y para 39 (de 45) senadores, es decir una mayoría calificada abrumadora de los representantes del pueblo, el presidente Fernando Lugo mereció un juicio por “mal desempeño de sus funciones”, dado que supuestamente incurrió en cinco delitos constitucionales:

1. Avalar un mitin político en un cuartel militar, humillando a “las Fuerzas Armadas, a las fuerzas públicas, la Policía Nacional”.



2. Instigar la invasión de tierras, mostrando su complicidad al darle “puertas abiertas a los líderes de las invasiones”.



3. Permitir la ola de inseguridad en el país, acusándolo de tener vinculaciones con grupos que “promueven la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que la Fiscalía atribuye secuestros y asesinatos de policías”.



4. Apoyo al Protocolo de Ushuaia II del Mercosur, sin consentimiento del Congreso, aún cuando éste “atenta contra la democracia y ampara a algunos gobernantes que en la actualidad ejercen el poder violentando los pilares de una democracia”.



5. La gota que rebasó el vaso, llegó el 15 de junio con la Matanza de Curuguaty, ocurrida durante el desalojo de los “sin tierra”, que terminó con seis policías y 11 campesinos fallecidos, donde participaron grupos criminales supuestamente fortalecidos por el presidente Lugo durante su mandato.

Contrario a los hechos de abril de 2002 en Venezuela, cuando una proclama de Pedro Carmona pretendía arrasar con la institucionalidad democrática y romper el hilo constitucional, en los hechos de Paraguay todo parece indicar que los congresistas guardaron las formas constitucionales en sus actuaciones. Incluso, el mismo Fernando Lugo en sus primeras declaraciones acató la sanción derivada del juicio político, corroborando su legalidad. Posición que luego varió supuestamente atendiendo a peticiones de Fidel Castro y Hugo Chávez.

Si bien al juicio contra Lugo se le podría objetar su premura casi sumaria y que se produzca casi al término de su mandato, llama a la reflexión la rasgadura de vestidura que están haciendo algunos gobernantes de la región, entre ellos Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela.

El caso es que todos ellos están incursos, de una u otra forma, en los mismos delitos constitucionales que se le atribuyeron a Lugo. Además siendo que todos ellos son gobernantes que cacarean al unísono la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos soberanos de sus países ¿por qué entonces no dejan que los paraguayos resuelvan soberanamente los asuntos de Paraguay?

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