Por los Editores de VenEconomía

El avance del castrocomunismo vía Habilitante también se llevó por delante la descentralización regional, uno de los mayores avances de participación ciudadana en la gestión y control de sus gobiernos municipales y estatales alcanzados en las dos últimas décadas del siglo XX en Venezuela.

Este perverso “éxito” de la revolución chavista lo ha alcanzado al asentar las bases para un supuesto “autogobierno comunal” con:

1. El paquete de cinco leyes que, en diciembre de 2010, crearon y desarrollaron mecanismos jurídicos, económicos, sociales y organizativos, para el ejercicio directo del Poder Popular;



2. la Ley Orgánica de Justicia de Paz y,



3. se complementa ahora con el Decreto-Ley Habilitante de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones.

Este último Decreto-Ley norma y establece los procedimientos y mecanismos que permitirán transferir al pueblo organizado la gestión, administración y prestación de servicios, actividades, bienes y recursos económicos que hoy detentan los poderes públicos Nacional, Estadal y Municipal.

En un país con reglas económicas, políticas y legales claras y autonomía de los poderes públicos, donde no existieran ambiciones hegemónicas y totalitarias de una élite minoritaria en el poder, nadie podría objetar que los ciudadanos organizados puedan tener en sus manos la potestad para manejar y controlar la gestión de sus comunidades. Más aún cuando la Constitución Nacional contempla la profundización del proceso de descentralización y la participación ciudadana a través del Consejo Federal de Gobierno. Un ente en el que deben co-relacionarse el poder Ejecutivo Nacional, representado por el Vicepresidente y los ministros; el regional, por alcaldes, gobernadores, y representantes de las comunidades organizadas.

Lo que se está objetando de esta nueva Ley de Gestión Comunitaria de Competencias es:

1. Que el traspaso de competencias es tan generalizado y discrecional que dejará como un cascarón vacío a las alcaldías y gobernaciones, cuyos dirigentes son electos por el voto popular para que representen sus intereses.



2. Que las comunidades organizadas, consejos comunales y comunas dependan y reporten directamente a la Presidencia de la República, y no a los gobiernos más cercanos como son prefecturas, municipios y gobernaciones.

Es decir, si una comunidad tiene un proyecto para una escalera, ya no podrá acudir a la alcaldía para el financiamiento, tendrá que acudir a la Vicepresidencia (en Caracas).

A todas luces una centralización desmesurada en manos de Miraflores que viola la Constitución Nacional, desconoce el veredicto de una mayoría de venezolanos que negaron esa forma centralizada de sistema político territorial, y continúa el camino del endiosamiento de Hugo Chávez, como proveedor absoluto del bien o del mal de los venezolanos.

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