Por los Editores de VenEconomía

Si en algo ha sido “eficiente” el Gobierno de Hugo Chávez es en menguar al extremo la institucionalidad democrática, en supeditar los poderes públicos a sus deseos y en reducir a una trágica parodia al sistema de Justicia y al Estado de Derecho de Venezuela.

Tal es el “éxito” obtenido que no existe en el país instancia independiente o autónoma donde el ciudadano pueda acudir con la certeza de que obtendrá una respuesta o veredicto ajustado a derecho y siguiendo el debido proceso, especialmente si se refiere a la vulneración de libertades económicas, políticas y sociales por parte del Gobierno Nacional.

El único camino que le queda al venezolano para obtener Justicia son los entes internacionales defensores de los derechos humanos, políticos, civiles y económicos a los cuales Venezuela se suscribió en la era democrática cuando, coincidencialmente, el mundo presenciaba uno de los grandes fenómenos del siglo XX: La búsqueda concertada de las naciones de sistemas globales de justicia supranacionales para garantizar en todos los confines del Globo, la paz y la seguridad, el respeto al régimen de derecho, el desarrollo económico, social y los derechos humanos. La viabilidad y la búsqueda del bien global de todos estos entes y acuerdos implica necesariamente que los estados que las suscriben renuncien a parte de la soberanía nacional, tal como hizo Venezuela en cada oportunidad que firmó alguno de estos acuerdos.

Lamentablemente en estos más de 13 años de la era de Chávez, un mal entendido concepto de independencia y soberanía nacional, el odio gestado contra el “imperio”, y otras desviaciones de tipo político han llevado al Ejecutivo Nacional a buscar excluir al país de ese concierto internacional y regional.

Desde hace más de un quinquenio Venezuela no pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, por caprichos presidenciales, dejando en el limbo legal muchas de las relaciones comerciales con países vecinos.

Recientemente, el mandatario anunció su decisión de salirse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIADH) de la Organización de Estados Americanos, tratando de evadir las sanciones impuestas por sus continuadas violaciones contra los derechos humanos y libertad de información, la mayor parte de las cuales Chávez ha incumplido.

La semana pasada, voceros del Gobierno chavista adelantaron las intenciones de retirar al país de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), precisamente a pocas semanas de que, vía Decreto-Ley Habilitante, Chávez promulgara una Ley Orgánica del Trabajo que no cumple con las mínimas exigencias de esta Organización en materia sindical, de participación de los trabajadores y otras.

La tapa del frasco la puso la Fiscal General al proponer que se revisara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que establece responsabilidades penales y sanciones individuales por crímenes de agresión, lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

Todo esto, y más, es lo que se propone cumplir Chávez, si es reelecto el 7-O para el sexenio 2013-2019, con su segundo Plan Socialista de la Nación, con el cual traspasaría “la barrera del no retorno”.

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