Por los Editores de VenEconomía

Desde 2010 están prendidas las alarmas en miles de mujeres del mundo que se implantaron las prótesis mamarias de la compañía francesa Poly Implant Protheses (PIP), la tercera en el mundo en volumen de ventas de prótesis con una producción anual de 100.000 unidades.

En diciembre de 2011, el Gobierno de Francia recomendó a las mujeres portadoras de estas prótesis que se las retiraran como medida de prevención ya que se determinó que fueron realizadas con materiales industriales no aptos para uso humano.

Desde entonces, cada autoridad sanitaria de gobiernos de los países que importaron las prótesis está buscando la mejor salida para proteger y amparar a sus ciudadanas afectadas. Las alternativas van desde que el Estado asuma el retiro de las prótesis y la instalación de nuevos implantes, pasando por demandas colectivas contra el Estado de Francia y la empresa fabricante, hasta llamados a controles y apoyos, para la vigilancia de las pacientes, a los centros de salud donde se realizaron las intervenciones.

En Venezuela, segundo país importador mundial de los implantes, está en desarrollo una diatriba para fijar responsabilidades y procedimientos a seguir para resguardar la salud de las venezolanas portadoras de los implantes.

Lamentablemente, como ya es costumbre en este Gobierno que busca culpables donde no los hay, esta semana llegó la propuesta de “solución” para estas pacientes de manos de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, que "ordena el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP" a costa de comercializadoras, médicos cirujanos y clínicas privadas “que intervinieron en la mamoplastia”, en los casos en los que “se haya iniciado el proceso de filtración” y cuando “conforme a diagnóstico médico se determine que no se pueda esperar” la sentencia definitiva del TSJ. Además la Sala Constitucional del TSJ también se declaró competente para conocer la demanda de protección de intereses colectivos interpuesta por la Defensora del Pueblo, en contra de las empresas importadoras de prótesis mamarias PIP.

Con esta resolución populista, el TSJ crea otro nefasto precedente “legal” de castigar y poner la culpa en quien no la tiene. Las importadoras, las clínicas y los médicos venezolanos que no tenían forma de saber de la infracción de la empresa fabricante, están siendo penalizados a pesar de haber actuado de acuerdo con la Ley, tal como lo reconoció en diciembre 2011 ante la prensa nacional, el director del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio.

Ahora, ¿con qué “derecho” ordena el TSJ a instituciones e individuos inocentes asumir los costos de la falta de diligencia de unos terceros, en este caso el Gobierno de Francia y, en menor grado, el Ministerio de Salud de Venezuela?

Lo lógico y lo correcto sería que el Estado venezolano asuma el costo de los reemplazos y que demandara al Gobierno de Francia para recuperar ese costo.

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