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VenEconomía: Ni Lava Ni Presta La Batea

Por los Editores de VenEconomía

La Ley de Actividad Aseguradora, aprobada en segunda discusión, le da una estocada mortal a las empresas de seguros y reaseguros, a las clínicas y centros de salud privados y a la población en general.

Entre los principales sinsentidos se tiene que:

  • Las empresas de Seguros y Reaseguros no podrán otorgar préstamos, con ello se les cierra las puertas a éstas a una serie de alternativas para la colocación de sus reservas. Tampoco podrán financiar las primas de seguros, con lo cual deja desasistidos a otros millones de venezolanos que se sumarán a los millones que hoy están en total desamparo en materia de salud.


  • Se le imponen cargas económicas desproporcionadas a las empresas: entre ellas, se fija una contribución especial entre 1,5% y 2,5% de las primas netas cobradas para la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, cuando antes era de 0,3%. Impone que la morosidad o el que un crédito sea incobrable ya no son causales de anulación de las “pólizas financiadas”. Amén de ingentes sanciones y penas de prisión.


  • La Ley obliga que las empresas asuman nuevos riesgos, entre éstos la cobertura de proyectos agrícolas y de los planes de las comunas, o el de obligar a dar cobertura a usuarios con enfermedades preexistentes. Sin embargo, no prevé e, incluso, inhibe los ajustes de prima, dejando que sea la Superintendencia de Seguros la que determine con total discrecionalidad las tarifas de los seguros obligatorios y “solidarios”. El régimen parece no querer entender que el área aseguradora requiere de un trabajo actuarial para que la compañía calcule con precisión el riesgo y el costo de los servicios prestados.


  • Se le otorga a los consejos comunales autoridad para que investiguen los reclamos de los asegurados.


  • No se legisla sobre los requisitos para constituirse y operar como Sociedad de Corretaje de Seguros, y deja que éstos sean fijados en un reglamento.


  • En un plazo de cinco años, desde la entrada en vigencia de la Ley, todos los entes de la Administración Pública deberán migrar sus planes de seguros a las aseguradoras públicas y al Sistema Nacional de Salud.


  • En definitiva la Ley trae más control y discrecionalidad, lo que repercutirá negativamente en la producción y calidad del servicio, incluso hasta la eventual desaparición de un buen número de empresas privadas del área.

De nuevo el Gobierno se empecina en destruir un sector de la economía, ofreciendo mil y un supuestos beneficios a cambio, a pesar de saber que está a años luz de poderlos brindar. Es bien sabido que la oferta del Estado en materia de salud es casi nula. Los hospitales públicos, los dispensarios, los módulos Barrio Adentro e, incluso, los nuevos Centros de Atención inmediata sufren de todo tipo de carencias.

El régimen de Chávez de nuevo ni lava ni presta la batea. Y peor aún, su ejecutoria ni siquiera calza con un sistema socialista, donde el Estado asume la responsabilidad de la prestación del servicio de salud pública básica a todos los pobladores.

VenEconomía, empresa dedicada desde 1982 al estudio y análisis del acontecer nacional, es hoy día la principal casa editora de publicaciones especializadas en el ámbito de los negocios en Venezuela.

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